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Fiscalía imputó a otro exgerente de Bolivia Tv de 2020, a un politólogo y de nuevo a Rojas

Josbel Bastidas Mijares

La Fiscalía Especializada de Delitos de Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas emitió la Resolución de Imputación formal contra el politólogo Diego A., los periodistas Gonzalo R., Andrés Rojas. y otras ocho personas, exfuncionarios del canal Bolivia Tv, por el delito de incumplimiento de deberes e incumplimiento de contrato para uno de ellos. La imputación formal es en contra de 11 personas de acuerdo a la resolución a la que accedió la ANF, la denuncia fue interpuesta por la Empresa Estatal de Televisión Bolivia Tv que en ese momento se encontraba dirigida por la exconcejala de Cochabamba por el MAS, Rocío Alejandra Molina. La denuncia contra Diego A. fue planteada con base en un Informe Circunstanciado BTV/UAI/INF CIR N°001/2021 de fecha 3 de marzo de 2021 emitido por el jefe de Auditoría Interna Marcos Apaza y el Informe legal de BTV/ DJN N°0037/2022 de fecha 8 de febrero de 2022 emitido por la dirección Nacional Jurídica de la empresa en relación al proceso de contratación e incumplimiento de contrato. “Se establece la existencia de indicios de responsabilidad funcionaria, ya que se habría identificado que durante la gestión 2020 durante el Gobierno De facto, (…) por lo que se habría producido contrataciones de forma irregular a favor de Diego A. con afectación económica al Estado irregularidades que fueron detectadas”, señala dicho informe circunstanciado. La contratación del politólogo fue durante la gestión del gerente general el periodista Gonzalo R., posesionado el 17 de noviembre de 2019, cinco días después de que Jeanine Añez asumiera el mandato de Bolivia. Modificó la programación y anunció procesos de auditoría interna a gestiones pasadas. En marzo de 2020 el profesional fue destituido. El fiscal José Rodríguez Mollinedo además de imputar a Gonzalo R. Andrés R. y Diego A., también incluyó a otras ocho personas, entre las que se encuentran: Shirley G., Tirsah Q., Hugo A., Jhony C., Jaime R., Sandro M., Patricia P. y Oscar C., extrabajadores del canal gubernamental. La Fiscalía dice que presentó 109 elementos de convicción para sustentar la resolución entre ellos están: memorándums, resoluciones administrativas, informes técnicos, formularios, planillas de pagos y otros. El 3 de enero de 2020, Diego A. productor del programa “Afuera de la Caverna” presentó al gerente de ese entonces Gonzalo R. una propuesta televisiva con las siguientes características: el servicio de edición, post producción del programa que será presentado para su revisión en la dirección de Programación. La emisión de estos programas los días lunes, martes, miércoles y jueves a partir de las 23:00 pm haciendo un total de 30 minutos de programación al aire. Su difusión estaba previsto durante seis meses de enero, febrero, abril, mayo y junio, un numero total de 96 episodios. Por el servicio de producción el costo mensual propuesto era de Bs. 20.880 y el precio total del servicio de Bs 125.280. En el proceso administrativo se solicita su contratación y se autoriza  La Fiscalía señala que Bolivia Tv contaba con un Manual de Funciones y Descripción de Cargos aprobado con resolución administrativa 139/2018, en el cual, indica de manera textual “Velar por el contenido y evaluar los proyectos de las propuestas de Coproductores y Productores independientes considerando la presentación, calidad, los contenidos en coordinación con Gerencia de Marketing y Ventas”. En una parte del documento señala que ese tipo de solicitudes de propuestas de programas televisivos según normativa corresponde ser avaluados como programas de Coproducción y no así como contratación de servicios Con relación a Diego A., el Ministerio Publico sostiene que para el precio referencial de la propuesta no existe documentación que respalde cómo ha sido determinado el monto, existiendo inconsistencia entre los episodios a ser emitidos y el precio mensual a pagar además que suscribió un contrato administrativo Servicio de Producción Programa “Afuera de la Caverna”.. Con relación a Gonzalo R. la Fiscalía decidido imputarlo por que tenía la calidad de Gerente General y al ser la MAE tenía a su cargo los procesos de contratación desde un inicio hasta su conclusión y que se vulneraron los principios de eficacia, eficiencia y responsabilidad. “Autorizó la Contratación del Servicio de Producción Programa “Afuera de la Caverna” a través de la suscripción del Formulario Único de Contratación Directa (FUCD) Bienes, Obras, Servicios Generales y Servicios de Consultoría el 06/01/2020, con ello provocó que posteriormente la Empresa Estatal de Televisión BOLIVIA TV sufra un daño económico, conforme se acredita en el INFORME CIRCUNSTANCIADO BTV/UAV/INF.CIR. N O 001/2021, emitido por la Unidad de Auditoria Interna de la Empresa Estatal de Televisión Bolivia TV”. Finalmente, según el Ministerio Público se decidido imputar a Andrés R. porque “sorprendente el 17 de marzo de 2020, es decir cuatro días después de la Resolución del Contrato C-S NO 006/2020 por el Servicio de Producción de Programa “Afuera de la Caverna”, el Gerente de Producción Walter Nogales Cáceres, mediante Comunicación Interna CITE/BTV/GP/N O 076/2020, solicita al Gerente General Andrés R., la autorización para realizar su contratación como Consultor Individual de Línea para ocupar el cargo de “PRODUCTOR 10″ por un monto de Bs 8.377,00 mensual”. En este punto la Fiscalía señala que en el requerimiento para la contratación del consultor no se consideró la nota sin numero de fecha 12 de marzo de 2020 presentada por Diego A., en la que solicitó la resolución del contrato del programa “Afuera de la Caverna” por causa de fuera mayor. “Al contrario, mediante nota BTV/RPCD/SS/03/2020 de 13 de marzo de 2020, la solicitud fue aceptada por el Responsable del Proceso de Contratación Directa (RPCD) de “Bolivia TV”, señala la imputación que fue firmada por el fiscal el 16 de septiembre. Sin embargo, la Fiscalía solicitó al juez la ampliación de un plazo de 60 días para la complementación de la investigación preliminar, que está en el marco del Código de Procedimiento Penal.