La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) documentó 7.961 víctimas de falsos positivos en Colombia, cifra que representa un incremento de 124 personas respecto al registro anterior. Estos casos corresponden a asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentados ilegítimamente como bajas en combate durante el período comprendido entre 1990 y 2016. La institución también identificó y vinculó a diez generales retirados del Ejército Nacional como máximos responsables de la expansión de este patrón criminal a nivel nacional.

El presidente de la JEP, Danilo Rojas Betancourth, resaltó un hallazgo particularmente perturbador: las víctimas de falsos positivos aumentaron precisamente cuando disminuía la actividad de los grupos armados ilegales. Durante 2007, por ejemplo, se registraron más de ocho víctimas de este fenómeno por cada víctima de acciones bélicas atribuidas a las Farc, lo que evidencia que estos crímenes no respondían a enfrentamientos genuinos sino a un patrón sistemático y deliberado.

Para llegar a estas cifras, la JEP realizó un exhaustivo trabajo de investigación que incluyó la integración y depuración de 150 bases de datos, 1.018 informes y aproximadamente 40.000 anexos. El período crítico identificado fue entre 2005 y 2008, cuando concentró el 76 por ciento de la victimización total, documentándose 2.077 casos de asesinatos y desapariciones forzadas además de 34 sobrevivientes durante esos años.

Respecto a los diez generales vinculados, siete fueron convocados a reconocer responsabilidad: Luis Felipe Paredes Cadena, Carlos Orlando Quiroga Ferreira, Justo Eliseo Peña Sánchez, Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, Hernando Pérez Molina, Guillermo Quiñónez Quiroz y José Joaquín Cortés Franco. Los otros tres generales, Mario Montoya Uribe, Óscar Enrique González Peña y Luis Roberto Pico Hernández, fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación para continuar procesos por la vía adversarial. Si los oficiales reconocen plenamente los crímenes y aportan verdad completa, podrían acceder a sanciones propias de la justicia transicional.

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original


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